Quisiera, ante todo, agradecer a los organizadores el honor que me han hecho invitándome a participar en estas Jornadas, y –al mismo tiempo- rogarles paciencia si mi intervención puede ser tan sólo una modesta contribución, desde el punto de vista teórico, al debate que nos ocupa. En realidad yo soy sólo un peón del Derecho, un trabajador que, por el puesto institucional que ocupa, debe enfrentarse con el problema de la efectividad de la norma, de su eficacia cotidiana. Y esto no puede indudablemente separarse de una reflexión teórica, lo más cuidada posible, sobre la naturaleza, el fundamento, la posición sistemática de las instituciones jurídicas que la práctica penitenciaria debe afrontar y aplicar; sin embargo, no sería por mi parte intelectualmente honesto dejar de confesarles que la entidad de tal reflexión es insuficiente, dado lo acuciante del problema y las continuas transformaciones de las, por así decirlo, tipologías legales, en un movimiento en ocasiones desordenado y convulsivo.

    "(...) La inadecuación a la Ley de la realidad penitenciaria no puede ya aceptarse por más tiempo” (pág.5): son palabras textuales de la memoria explicativa que acompaña la redacción definitiva del nuevo Reglamento; se trata, en definitiva, de desarrollar el art. 27 de la Constitución, que concibe la ejecución penal como un instrumento para la reeducación y resocialización del reo. Atendiendo a las normas fundamentales, no hay duda alguna de que la concepción retributiva propugnada por la escuela penal clásica ha sido superada hace décadas, en sintonía con las numerosas Directivas y Recomendaciones de la Unión Europea.

    “El tratamiento penitenciario debe ser conforme a la humanidad y debe asegurar el respeto a la dignidad de la persona. (...) En las instituciones debe mantenerse el orden y la disciplina. No pueden adoptarse medidas restrictivas no justificadas en base a las exigencias precedentes o, en lo que respecta a los acusados, que no sean indispensables para fines judiciales. El tratamiento de los acusados debe estar rigurosamente informado por el principio de que no son considerados culpables sino después de una condena firme. En relación con los condenados y los internos, debe efectuarse un tratamiento reeducativo que tienda, a través del contacto con el exterior de la prisión, a la reinserción social de los mismos. El tratamiento será efectuado según un criterio de individualización, en relación a las específicas condiciones del sujeto”.

    Uno de los elementos esenciales del tratamiento está constituido, como ya comentamos, por la actividad laboral de algunos de los reclusos. Esta cuestión se presenta tan interesante como complicada, desde múltiples perspectivas. Una primera distinción atendería al trabajo así llamado “intramuros” y “extramuros”. En segundo lugar, el problema concierne casi exclusivamente a la reticencia de las empresas y entes competentes a asumir en sus propias dependencias, en un país que presenta hoy por hoy una tasa media de desempleo del 12 %, personas sometidas a medidas de carácter penal; en relación al tema del trabajo en el interior de la prisión, es preciso efectuar una serie de precisiones.

    Ante estas breves e incompletas reflexiones sobre la solución normativa adoptada en la gestión de la ejecución de la pena en el interior de instituciones penitenciarias italianas, que he tratado de exponer aquí, cabe preguntarse sobre la preocupante distancia que separa los institutos jurídicos y su aplicación práctica. A tal interrogante -referido tanto a toda la materia, como a los dos temas que he tratado hoy-, no se puede responder, como con frecuencia se hace, con argumentaciones basada en la carencia de recursos humanos y materiales. Esta carencia existe sin duda, pero lejos de constituir la respuesta, parece plantear ulteriores y angustiosas preguntas. Así debe llegarse a una de estas dos conclusiones: o bien se conceptúa la confusión organizativa como un dato fisiológico e inmanente de cualquier función del aparato del Estado (y francamente no me parece que así sea, existiendo sin duda soluciones que salvaguarden eficacia y eficiencia, como sucede en otros sectores de la intervención pública); o bien por el contrario se acepta que las disfunciones en este campo no deben asumirse con carácter accidental, sino como elección política.